El pasado viernes 7 de junio tuvo lugar la Asamblea extraordinaria del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, CSCAE, en la que se trató como punto principal la futura Ley de Colegios y Servicios Profesionales, LSCP.

En la Asamblea participan representantes de todos los Colegios Oficiales de Arquitectos. Durante la misma se expusieron los trabajos realizados hasta el momento de cara a la aprobación del anteproyecto de la LCSP. Cabe destacar la presencia de los abogados Méndez y M. Roca, quienes expusieron sendos informes que se han remitido a la administración. En total asistimos a un maratón de 6 horas de aclaraciones, exposiciones, reproches diversos y análisis de las posibilidades. De ponerle un pero a esta asamblea sería que no se hubiera realizado hace un mes, pero decir esto sin tener todos los datos, no deja de ser un toreo desde la barrera.

De cara a esta etapa final se propuso a los asistentes la aprobación de cinco acuerdos:

1. Asumir por parte de la Asamblea la Declaración por la Arquitectura Española. De hecho imaginamos que todos los presentes ya se habían sumado a ello.
2. Revindicar la función Social y el Interés Público de la Arquitectura.  Cumplimiento por tanto de la directiva 2005/36/CE relativa a reconocimiento de cualificaciones.
3. Instar a los órganos del CSCAE a la defensa del principio de Protección de Interés Público recogida en la LOE
4. Defender la colegiación obligatoria.
5. Un  complemento del punto 3 en el que se insta al Pleno del CSCAE a coordinar acciones de defensa de la Arquitectura y los arquitectos.

Hubo alguna propuesta de acuerdo en sala además que instaba a involucrar a agentes internacionales en la posición de los arquitectos españoles

Todos los acuerdos  se aprobaran por unanimidad (Aclamación) a excepción del  cuarto. Explicar los porqués hubo un voto de rechazo a este acuerdo  es el motivo de estas líneas.

Y la motivación es más formal que de fondo. Hay que subrayar el hecho que muchos de los argumentos legales se orientan a defender la obligatoriedad de la colegiación para poder ejercer la profesión. Los argumentos en este sentido del abogado Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución española, van más allá al afirmar que si la futura Ley no lo reflejase así sería inconstitucional porque entre otras cosas no se podría garantizar la aplicación de Deontología, por ejemplo.

Y ésta la cuestión, no se pretende en ningún caso enmendar la plana a los argumentos legales porque el hecho de que la Ley sea o no sea constitucional no dependerá  del criterio de ningún asambleísta, sino de si la propia ley se ajusta al derecho o no.

El problema radicaba en la formulación propia del acuerdo que expresaba que “la Asamblea  manifiesta su firme convicción de que la colegiación obligatoria para el ejercicio profesional de la Arquitectura, es el único instrumento que pueda garantizar con eficacia  la seguridad de las personas y los bienes; así como la adecuada calidad del servicio profesional…”  porque viendo en perspectiva el último decenio de los COAs en España, uno no puede estar convencido de que esto sea así ¿dónde ha estado la deontología en el panorama profesional de los últimos años? ¿Una calidad adecuada  con 17 sistemas de visado diferentes?... No solo que se pueda pensar que primero somos ciudadanos, luego profesionales y por fin colegiados o, como ya hemos insistido muchas veces que es la estructura colegial la que debe estar al servicio de los colegiados y no a la inversa. Sucede además que algunos pensamos que a fórmula así expresada lleva implícita la visión de colegiados cautivos y que da igual cómo lo hagan los Colegios,  casi como una formulación mágica que por el sólo deseo de que estén los profesionales colegiados, el mundo profesional será perfecto.

Si hiciéramos un poco de política ficción y nos imagináramos que el 30 de junio la ley va a salir conforme a lo que deseamos todos, y llegase el fin de año y la tramitación parlamentaria fuera óptima para nuestros intereses, profesionalmente nada habría cambiado: seguimos necesitando de una estructura colegial que ayude a los profesionales y no fuese sentida como un lastre ¿por qué si no se descolegian los profesionales?

Así que si el acuerdo se hubiera limitado a expresar la legalidad de la colegiación obligatoria también habría obtenido la unanimidad. De lo que estamos convencidos algunos es de que seguro que ha de ser legal, pero los colegios deberían funcionar como si la colegiación no fuera obligatoria y tuvieran que seducir a los profesionales para permanecer en ellos.

PD podéis ver el desarrollo de la asamblea en este enlace: https://twitter.com/search/realtime?q=%23asambleaLSP&src=typd