La arquitectura alberga (o debería) vida, no ideología.

Escribo estas líneas por la coincidencia en el tiempo de diferentes procesos en los que he tenido la fortuna de ser espectador en primera persona: la serie de debates que están teniendo lugar con motivo de diversas operaciones de calado en el centro de Madrid -como son la operación Canalejas y la (improbable) reforma de la Puerta del Sol-, así como la elaboración de una nueva ordenanza de licencias de actividad y el proceso de revisión del Plan General de Urbanismo del mismo municipio, Madrid.

Estos procesos han tenido en menor o mayor grado en ámbitos profesionales y centrados en el entorno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid –COAM-

Supongo que quienes leéis estas líneas datos conocéis casi todos los datos, pero por si acaso los recordamos a tener en cuenta:

El proceso de revisión del Plan General de la ciudad de Madrid (3.215.633[1] habitantes repartidos en 60.430,76 Ha. con una densidad media de 53 hab/Ha.) se encuentra en un estado de “avance”; faltan por tanto las aprobaciones inicial, provisional y definitiva. En este avance hay que añadir un “pre-avance” que tuvo lugar a lo largo del pasado año. Este proceso incipiente, si bien no es el Plan definitivo, sí es el Zigoto en el que lleva el ADN mitocondrial de lo que será el Plan futuro. Durante el desarrollo del “pre-avance” tuvo lugar la sentencia del Tribunal Supremo sobre los PAUs que el anterior PG del 97 establecía, lo que obligó a la revisión exprés de los mismos. La corporación actual pretende aprobar el nuevo Plan General antes del final de legislatura; No faltan voces que dudan de que se pueda llegar a ese plazo si se cumplen los periodos de información pública correspondientes.

Los propios redactores del Plan exponen que su trabajo es estrictamente de ordenación urbanística, trabajo que trata de corregir los errores de los planes precedentes del 85 y del 97. No sería por tanto un proyecto de ciudad, sino el marco estructural en el que luego se desarrollarán otras normas inferiores. Está concebido como un plan de escalas, en el que según acerquemos el foco, se irán desarrollando las diferentes herramientas, tratando de evitar duplicidades e intentando dar más libertad a normativas de menor rango.  

Si bien el Plan es General, una primera aproximación al mismo parece que se centra en la ciudad consolidada existente. Es cierto que incorpora la reciente revisión de los planes “exprés” de los diferentes PAUs que ya llevan implícitos el desarrollo al límite de la ciudad como herencia del plan del 97.

Como novedades dignas de reseñar, deslinda los usos de actividades y de tipologías edificatorias,  planteando una horquilla de reparto de actividades individualizada por manzana con el ánimo que no se generen zonas con una sola tipología. También se incluye un factor “verde” por edificio que determina el grado de intervenciones enfocadas a la sostenibilidad que se deben realizar en él. Dicho “factor verde” está generado con las características edificatorias de cada inmueble, pero también con factores ambientales y sociales del entorno.

En el proceso de desarrollo que queda, falta por incorporar ordenanzas relativas a edificabilidad, urbanización, conservación, recuperación urbana y actividades.

Respecto al tratamiento que se va a dar al patrimonio en el futuro Plan, se está elaborando un nuevo catálogo que incluirá conceptos y valoraciones establecidos en el ámbito internacional. Se pretende con ello la protección de entornos urbanos más que de elementos constructivos concretos. Se pretende facilitar obras y soluciones constructivas que faciliten la accesibilidad y la viabilidad económicas de las mismas.

En el aspecto de movilidad, se han preestablecido una red de futuros bulevares que faciliten el desplazamiento en bicicleta, pretendiendo hacer de ésta uno de los medios de transporte principales en la ciudadanía.

Hasta aquí, un sucinto epítome de hechos.  

Hay sin embargo conceptos que deberían ser premisas para poder tener ordenanzas adecuadas e incluso para poder evaluar la idoneidad de éstas, y que escapan a la misma ordenanza porque han de ser previas. Uno de estos conceptos es el de ciudadanía. La palabra ciudadano deriva de ciudad. Sin embargo hay momentos en que desde la perspectiva del ciudadano –quien habita y usa la ciudad- pareciera que la administración no nos considera sujetos de derecho, sino sujetos de ser exprimidos. Esta reflexión debería preocupar y ocupar a los responsables públicos ¿obtenemos una mayor calidad de vida cuantas más tasas e impuestos se pagan o cuantas más y prolijas leyes se promulgan? Premisa por tanto de mejorar la calidad de vida y de convivencia de los ciudadanos.

Otra premisa debería ser el entender el espacio público como el espacio de todos, y no como el espacio que no es de nadie; concepto que por desgracia es igualmente discutido en otros ámbitos de nuestra sociedad. Ser el espacio de todos implica que a todos obliga, en el respeto y cuidado y en la no apropiación indebida y sí en la necesaria convivencia. Esto que parece una perogrullada, por desgracia no siempre es entendido así: el mismo término “debate ciudadano” es apropiado por unos mientras que otros utilizan los derechos de uso sobre el espacio público como fuente de financiación ¿para el bien común? Si entendemos el bien común no ser exprimidos tanto como ocurriría en caso de no enajenar ese bien público, pudiera ser, pero nos entran dudas a la hora de saber dónde está el límite en considerar una buena gestión rebañar a ciudadanos y empresas en vez de optimizar recursos o priorizar gastos y/o inversiones.

¿Cuáles serían por tanto los desafíos de un nuevo Plan General a mi leal saber y entender? Mejorar la calidad de vida y convivencia, ya lo he dicho. En general, las motivaciones que últimamente suelen leerse para el impulso de nuevas ordenanzas, es la de generar mayor actividad económica. Loable la intención, ¿podemos emplear las herramientas de ordenación para ello? Habría que ser cuidadoso con estos conceptos, porque igual que legalizar una venta de esclavos pudiera dinamizar la actividad económica pero no sería aceptable por la sociedad a día de hoy, del mismo modo sólo la ignorancia o el desconocimiento de los valores culturales y materiales  implícitos en la ciudad existente pueden justificar el que se prescinda de ellos como parámetro a tener en cuenta a la hora de ordenar la actividad y el desarrollo físico de la ciudad.

Hay también una sana intención del Plan a la hora de promover actuaciones eficientes y en cierta medida se pretende premiar a los ciudadanos que hayan actuado bien por medio del “factor verde”, si bien nos pueden entrar dudas en saber cómo se va a poder gestionar dicho factor; a estas alturas ya sabemos que la misma alineación influye en la eficiencia real de los inmuebles, pero esto es algo que ni se menciona no ya al aceptar el suelo urbano consolidado, que es entendible, sino que tampoco se asoma a la hora de aceptar los antiguos “nuevos” PAUs . Este espíritu sostenible no casa bien con el desarrollo del suelo urbano al límite aumentando la superficie de la ciudad un 25%, así por las buenas, sabiendo de la actual retracción de la población y actividad. Urbanizar no es un acto inocuo. Por ley, para que una parcela pueda considerarse como urbanizable debe tener entre otras cosas acceso rodado y todas las acometidas. Sí o sí dicho suelo urbanizable, aunque no se desarrolle, aumentará los efectos asociados a superficies asfaltadas u hormigonadas: movimientos de tierra, variación de escorrentías, aumento de la isla de calor, etc… Es decir, pretendemos mejorar eficiencia a la vez que provocamos derroche cuando SABEMOS QUE NO SE PUEDE DESARROLLAR esa cantidad de suelo… en algunos lugares, eso se consideraría estafa, siendo en este caso el estafado el conjunto de la ciudadanía a quien se le vende una gestión sostenible mientras que la administración responsable de los desarrollos fantasma actuaría en esa hipótesis como el estafador detrás de un cartel en el que esgrime “limpio y verde”.

No podemos dejar de mencionar que hay elementos que no dejan de ser voluntariosos y nos entran dudas en saber si el PGOUM pueda ser la herramienta adecuada para lograr algunos fines, como es en el caso de convertir la bicicleta en uno de los vehículos principales de  la ciudad. Hay factores que influyen directamente en la elección por parte de los ciudadanos de dicho medio de transporte: clima, orografía, distancias de destino, etc… -factores que en el caso de que afecten a niños son exponenciales en su influencia-  que no pueden ser regulados y hacen dudar  que pueda ser una alternativa real a las redes de transporte público o sistemas de transporte privados.

Quizás las carencias más relevantes dignas de reseñar puedan ser:

• Entran dudas si realmente existe un modelo o proyecto de ciudad en el que encajar el PGOUM, más allá de aceptar la realidad y el desarrollo existente. Es verdad, No sería responsabilidad del equipo redactor, ni siquiera de sus jefes más inmediatos.
• La metrópoli de Madrid, actúa como un agujero negro que distorsiona de forma determinante  la ordenación de todo el territorio, y no solo el más vecino. Así, sólo los sistemas generales de acceso  tienen una importancia a nivel suprarregional. Causa cierta desazón saber que no hay ningún organismo que trabaje en este sentido por encima de los municipios facilitando una ordenación del territorio más lógica.

Existe por lo demás una confianza casi excesiva en la herramienta informática, el visor urbanístico, en el que se basa gran parte de la futura gestión. Entran dudas en saber si la fiabilidad en reflejar la realidad existente de dicha herramienta es compatible con un sistema de “declaraciones responsables” que la administración pretende ampliar más allá de las licencias de actividad.